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miércoles, 19 de febrero de 2014

Alianza del Pacifico, ¿una alternativa?

ALAI, América Latina en Movimiento

2014-02-18

Alianza del Pacifico, ¿una alternativa?

Emir Sader
Clasificado en:  Política: Politica, |   Internacional: Tratados, |  Economía: EconomiaComercio,PoliticasEconomicas, |
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Hay un gran lobby mediático internacional -en el que el grupo Prisa juega un rol central – que, incomodado con el éxito de los gobiernos progresistas latinoamericanos y para defender los intereses de grandes corporaciones internacionales en la región, busca hacer de sus sueños realidad. La Alianza del Pacífico sería el sector dinámico de América Latina y, como corolario, México y no Brasil, sería el gran líder continental.

La Alianza del Pacifico es la versión para el siglo XXI de otros proyectos fracasados de Estados Unidos para intentar extender a todo el continente un área de libre comercio. La primera versión fue el Nafta – Área de Libre Comercio de América del Norte -, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, cuyos planes iniciales eran ir incorporando a países del continente, conforme sus gobiernos correspondieran a las normas del Consenso de Washington.

Después de México, Chile se presentaba como el próximo aspirante a ingresar al Nafta. Pero en el mismo año de la firma del acuerdo –1994 - México vivió una gran crisis – la primera crisis específicamente neoliberal en América Latina -, al mismo tiempo que el levantamiento de Chiapas lanzaba su grito que llamaba a la resistencia al neoliberalismo.

Estados Unidos tuvo que cambiar su estrategia. 
No había cómo seguir invitando a países latinoamericanos a seguir a México en su opción, cuando los primeros resultados ya habían sido negativos. Washington elaboró entonces otra versión: el Área de Libre Comercio de Américas, el ALCA. La propuesta fue presentada por George Bush en 2000 en Canadá y encontró apenas la resistencia de la Venezuela, ya dirigida por Hugo Chávez.

Aparentemente el camino estaba despejado para que Estados Unidos consolidara su hegemonía económica hacia el conjunto del continente. Sin embargo, a la crisis mexicana – 1994 -, seguiría la brasileña –1999– y la argentina –2001/2001 -, mientras se extendían las movilizaciones continentales en contra del ALCA.

En su fase final, Brasil y Estados Unidos debieron concluir los acuerdos y poner en práctica el ALCA. Pero el fracaso de los gobiernos neoliberales y el rechazo de los latinoamericanos, mediante la elección de gobiernos de resistencia al área de libre comercio, empezaban a extenderse. Brasil sucedió a Venezuela y el cambio de gobierno – de Cardoso a Lula, en 2003 – representó un freno al ALCA, porque el nuevo gobierno brasileño se opuso a concluir esos acuerdos.

La multiplicación de gobiernos antineoliberales en la región en los años siguientes – en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador – constituyó un conjunto de gobiernos que, en lugar de firmar Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, han privilegiado los procesos de integración regional – Mercosur, Unasur, Banco del Sur, Consejo Suramericano de Defensa, Alba, Celac, entre otros.

Estados Unidos -y sus proyectos de libre comercio – pasaron a sufrir el más grande aislamiento de su historia en América Latina. Pudieron firmar acuerdos bilaterales con gobiernos de la región que han mantenido la opción por el libre comercio: Chile, Perú, Colombia, varios de Centroamérica y el Caribe.

Los países con gobiernos posneoliberales se han consolidado con gran apoyo popular, eligiendo y reeligiendo sus presidentes, ya a lo largo de más de 10 años en algunos casos, por lo menos 7 u 8 años en otros, proyectando liderazgos populares en la región y hacia el mundo, disminuyendo la desigualdad, la pobreza y la miseria. Mientras que los otros han perpetuado la concentración de renta, la exclusión social, con gobiernos que se alternan, sin lograr la estabilidad política, el desarrollo social y la proyección internacional de políticas externas soberanas.

Nunca Estados Unidos han estado tan aislados en América Latina. Además de la formación de espacios que los excluyen, no ha tenido apoyo político para sus aventuras bélicas, como la invasión a Irak, de los gobiernos de la región.

La Alianza del Pacifico es un nuevo intento norteamericano, buscando juntar a gobiernos con los cuales tiene Tratados bilaterales de Libre Comercio, con la promesa de relaciones privilegiadas con mercados del Pacifico con los cuales Estados Unidos tienen relación privilegiada. Trajo a México de América del Norte y juntó a Colombia, Chile y Perú.

No es un conjunto dinámico con prestigio y fuerza en la región, empezando porque no tienen gobiernos estables:   Chile cambia ahora Piñera por Bachelet, Humala no tiene posibilidades de elegir sucesor por el muy bajo apoyo popular que tiene, Santos se juega todavía la reelección, Peña Nieto, elegido bajo sospechas de fraude, tampoco tiene mucho apoyo.

Económicamente, Perú mantiene su dinamismo exportador, sin lograr cambios sociales que pudieran dar respaldo popular al presidente Humala. Bachelet, elegida en el marco de una abstención mayoritaria, va a intentar buscar legitimidad con políticas progresistas. Ella ya anuncio que va a bajar el perfil de la participación de Chile en la Alianza del Pacifico y se va a acercar a los países del Mercosur, mediante una relación privilegiada con Brasil. Santos desarrolla relaciones comerciales estrechas con países de la región, especialmente con Venezuela y Brasil, más que con otros. México mantiene más del 90% de su comercio exterior con Estados Unidos, sufriendo los influjos recesivos del vecino del norte.

Así, mientras los países que componen el nuevo Mercosur – Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana -  presentan índices sociales claramente positivos, con estabilidad política, integración regional y políticas externas soberanas, los de la Alianza del Pacifico se muestran inestables políticamente, desiguales socialmente, subordinados a los Estados Unidos.

Como correlato al intento de proyectar a la Alianza del Pacifico está el difícil intento – en que se esmera particularmente El País – de promover a México como líder y país referencia en América Latina, en lugar de Brasil. Es como decir que las políticas neoliberales, de las que México fue tristemente el pionero en la región y donde esas políticas tienen más continuidad, garantizan más los derechos sociales de la población de cada país que la prioridad de las políticas sociales que países como Brasil implementa.

Brasil fue, históricamente, el país más desigual del continente y más desigual del mundo. Las políticas sociales de los gobiernos Lula y Dilma han promovido el más amplio y profundo proceso de democratización social que el país ha conocido. Algunas de esa políticas – como la bolsa familia- han tenido proyección internacional y han permitido identificar a Lula como el más grande líder mundial en la lucha contra del hambre.

En más de dos décadas de neoliberalismo, México, por su parte, ha visto aumentar la pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, la diseminación del narcotráfico ha multiplicado cruelmente la violencia en varios estados del país. Por ese fracaso es que los gobiernos que han implementado esas políticas - gobiernos del PRI -, por primera vez, en el año 2000, han perdido el poder. Pero los dos gobiernos del PAN, que han mantenido esas políticos, también han fracasado, permitiendo el retorno del PRI, con un gobierno que tampoco goza de popularidad, por mantener la continuidad del ideario neoliberal.

Para Estados Unidos, México es la referencia, porque es el país que sigue de forma más estricta las orientaciones de FMI y del Banco Mundial, por lo tanto debería presentar resultados positivos. Pero nada de eso ocurre. Ni México ha logrado retomar el desarrollo económico sostenido, ni ha mejorado la situación de su inmensa población pobre. Su política internacional, a su vez, perdió la influencia que tuvo en el pasado, por su sometimiento estricto a las directivas de Washington. Ningún mandatario mexicano del período neoliberal ha proyectado su imagen como estadista con proyección internacional. Ni siquiera hacia Centroamérica, México sigue teniendo un rol de liderazgo político.

Mientras tanto,  Brasil, como parte del grupo de países que han puesto en marcha políticas de ruptura con en el neoliberalismo, ha tenido continuidad y estabilidad política como nunca había tenido antes, con todas las posibilidades de que siga este año, con un cuarto mandato presidencial del PT, por el extraordinario proceso de democratización social realizado, con el rescate del rol activo del mercado, la expansión de un inmenso mercado interno de desarrollo popular y una política de integración regional y de intercambio Sur-Sur. Si Lula tiene la proyección mundial que tiene, es como resultado del éxito de esas políticas.

La Alianza del Pacifico es una alternativa para que Estados Unidos intente superar su aislamiento en el continente pero, de ninguna forma, es alternativa para los países de la región que deseen superar las políticas exportadas por Washington, que efectos tan negativos ya han producido en Latinoamérica. Es un intento más de dividir al continente, pero con políticas de libre comercio que nos han causado tanto daño, que han perdido totalmente su capacidad de atracción. Pertenecen más bien a un pasado que intenta sobrevivir, frente a gobiernos posneoliberales, que proyectan el futuro de América Latina en la primera mitad del nuevo siglo.

- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

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Negociaciones por un acuerdo Mercosur-UE: Decisiones clave

2014-01-08

ASur

Negociaciones por un acuerdo Mercosur-UE: Decisiones clave

Jorge Marchini
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La trascendencia de las negociaciones en marcha para la firma de un acuerdo de liberalización económica y comercial del MERCOSUR con la Unión Europea (UE) requiere que éstas sean conocidas en forma amplia y puestas en debate público.  Deben eliminarse sin más demora los niveles de confidencialidad que hoy exigen los negociadores europeos y contradictoriamente defienden como “comprensible” voceros del establishment local que no temen criticar públicamente (¿o cínicamente?) “la falta de transparencia” o reclamar “mayor control democrático de la gestión pública”.  Existe el peligro de aceptar una negociación a libro cerrado y como hecho consumado, para luego recién ser puesta a consideración pública y parlamentaria.
 
Es necesario reconocer que la negociación MERCOSUR-UE tiene una enorme importancia estratégica.  Se trata de vínculos de sociedades y economías con enormes potencialidades de cooperación y complementación.  No hay duda que mejorar y ampliar las relaciones entre dos regiones tan importantes debe ser un objetivo prioritario con claves geopolíticas.
 
De todas formas, un acuerdo de libre comercio (TLC) con condiciones similares a las que la UE ha establecido para otros países latinoamericanos -por ejemplo, los puestos en marcha recientemente con Colombia y Perú- podría ser absolutamente contradictorio con los propósitos de desarrollo económico independiente que han proclamado en forma reiterada los gobiernos y tantas declaraciones orgullosas de los principales líderes de la región por haber rechazado la propuesta de un acuerdo similar, el ALCA, en el 2005.  Aun si se lo denominara con eufemismos tales como “acuerdos de cooperación económica” muchas de sus condiciones y exigencias podrían ser aún más severas que las planteadas entonces por el impositivo gobierno de George W. Bush.
 
¿Abrirse a cambio de qué?
 
Es necesario destacar que los aspectos comerciales son sólo uno de los capítulos, y tal vez no el más importante, de las negociaciones en marcha.  Aun sin contarse con información detallada imprescindible, pero sí el antecedente de acuerdos similares negociados por la UE recientemente, es posible suponer que la UE estaría solicitando que se comprometa la eliminación reciproca en un corto plazo de los tributos de más del 80% del espectro arancelario.
 
Con toda seguridad, aunque pudiera otorgar algunas concesiones y promesas, la UE seguirá sosteniendo subvenciones y protección a su sector agrícola.  Se privaría así a los países del MERCOSUR el poder alcanzar el que sería el beneficio comercial esperado más importante a cambio de una apertura inédita masiva de los mercados locales a una competencia abierta de una economía más desarrollada; sobre todo evidente para muchísimos productos industriales.  Se repetiría, aun en un grado mayor, un escenario de graves descompensaciones comerciales que hoy observamos en la misma Europa por las asimetrías entre los países del norte respecto a los de sur y del este.
 
En forma engañosa suele afirmarse que se trataría sólo de una negociación comercial.  No es así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen el conjunto de la economía en aspectos críticos tales como servicios, patentes, propiedad intelectual, compras públicas, inversiones y competencia.  La eventual provisión del tratamiento de “nación más favorecida” a los países de la UE, aun si se incluyeran salvaguardas de excepción, vulneraría los muy proclamados objetivos de defender y priorizar la diversificación de matrices productivas.  Para ello se requieren estrategias y políticas públicas elementales de desarrollo, utilizadas históricamente también por los países europeos, a través de la sustitución de importaciones, priorizar el compre nacional, brindar créditos diferenciales para el desarrollo de regiones o sectores más desfavorecidos.  El futuro de nuestros países puede ser completamente comprometido por una mala negociación
 
Por lo pronto, las exigencias de este tipo de acuerdo de inhibir decisiones soberanas independientes para introducir cambios legislativos, arancelarios, financieros o impositivos, vulnerarían la capacidad elemental de nuestros países para reordenar, ponderar, reasignar excedentes, priorizar la integración con América Latina, y reasignar las rentas diferenciales obtenidas por la explotación de recursos agropecuarios, mineros y energéticos.
 
¿Dónde están los análisis costo-beneficio?
 
De forma de poder decidir qué tipo de entendimiento con Europa es posible y conveniente para el MERCOSUR resulta imprescindible que los gobiernos, entidades sectoriales, partidos y organizaciones sociales y académicas que proclaman defender el interés nacional y regional no se dejen llevar por enunciaciones superficiales y se convoquen inmediatamente a análisis serios tanto generales como regionales y sectoriales que incluyan análisis sobre efectos estructurales de corto y largo plazo y posibles alternativas.
 
En lo inmediato, es preciso contraponer ultimatismos (Ej: afirmar que debe negociar ahora o nunca), posibles maniobras (Ej: eventuales amenazas de proponer negociaciones “multiparte” en forma independiente, tal como lo hizo con la Comunidad Andina, para romper la unidad del MERCOSUR) o la lisa y llana distorsión de la realidad (no aclarándose que las consecuencias económicas reales de la finalización de preferencias arancelarias por parte de la UE a partir del 1° de enero próximo para Argentina, Brasil y Uruguay serán marginales y pueden ser asimiladas puntualmente).
 
Existen antecedentes internacionales que deben también estudiarse de opciones más equilibradas para la negociación con la Unión Europea y otros países y regiones más industrializados para superar asimetrías.
 
No debe seguir una negociación crucial con la Unión Europa sólo en manos de un grupo pequeño de “especialistas” y la presión de grupos de interés o medios de comunicación superficiales o sectorizados por posiciones ideológicas o intereses económicos particulares, como se ha repetido a lo largo de años.
 
José Antonio Ocampo quien fuera Ministro de Hacienda de su país, Colombia, y Secretario General de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas) señaló recientemente que “las negociaciones internacionales deben tener visión estratégica, ahora hay una indigestión de TLC, pues firmamos donde se nos ocurra sin el suficiente estudio y discusión sobre su conveniencia”.  Que no nos ocurra lo mismo.  Por favor, aprendamos de la experiencia.
 
Jorge Marchini es Profesor Titular de Economía UBA, Investigador del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria ( CIGES), Vicepresidente de la Fundación para la Integración de América Latina (FILA).
 
Aporte del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica.
 
 


http://www.alainet.org/active/70309


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Acuerdos de libre comercio: dictadura de corporaciones transnacionales

Acuerdos de libre comercio: dictadura de corporaciones transnacionales

Jordan Bishop
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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, EE.UU. y México, contiene una  disposición mediante la cual las empresas pueden enjuiciar a cualquiera de los tres países del tratado en tribunales secretos,  en el caso de que uno de estos países adopte una legislación que impacte en las ganancias de la empresa.  Hace algunos años, el gobierno canadiense expidió una ley que prohibía el uso de un nuevo aditivo para la gasolina, considerado perjudicial para la salud de la población. En este caso, el gobierno canadiense se rindió, anuló la legislación y tuvo que pagar una indemnización a la empresa.
Varios estados de los EE.UU. han adoptado una legislación similar, que sigue en vigencia, ya que el TLCAN no  se aplica a los estados de la unión.
La otra cara de la moneda es que, si bien las corporaciones pueden anular la legislación canadiense, no pueden de ninguna manera imponer este aditivo a la gasolina que venden las compañías. Y de hecho muchas no ponen este elemento en su producto.
Ahora bien, el TLCAN es un acuerdo entre tres países norteamericanos.  Lo que se trata de negociar ahora, en secreto, sin transparencia alguna, es un acuerdo entre EE.UU., Canadá y la Unión Europea.  Los detalles no han sido publicitados, pues es probable que los pueblos los rechazarían. Si bien no estamos completamente seguros de las informaciones filtradas sobre estas negociaciones, aparentemente el acuerdo concederá a las corporaciones transnacionales y nacionales el derecho de impugnar, ante tribunales secretos, cualquier legislación que “limite de cualquier manera” las ganancias de estas corporaciones, sin posibilidad alguna de apelación contra un fallo de tales tribunales.  Se trata de la posibilidad de anular leyes para la protección del medioambiente, leyes para la protección de la salud de los ciudadanos, posiblemente sin excepción alguna. O sea, equivale a establecer, por un acuerdo internacional, una dictadura de las corporaciones nacionales y transnacionales.  Como bien ha afirmado el Profesor Jorge Marchini, “El futuro de nuestros países puede estar completamente comprometido por una mala negociación.” (http://www.alainet.org/active/70309).
Jorge Marchini señala algunos de los serios problemas inherentes en este tipo de negociación.  La transparencia es absolutamente necesaria para impedir la transición de la democracia a una dictadura de las corporaciones.
Ottawa, Ontario, 10 de enero de 2014.
- Jordan Bishop fue profesor de humanidades del Colegio Universitario del Cabo Bretón, Canadá, jubilado en 1989.
FUENTE

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