LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Resumen

Una de las consecuencias más importantes derivadas de la masiva aceptación de Internet como medio para concluir transacciones es la progresiva internacionalización de los contratos que se celebran. De este modo, el comercio electrónico se convierte en comercio internacional, escenario donde, en caso de posible conflicto entre las partes, surgen dos cuestiones muy relevantes: ¿Ante qué Estado interpongo la demanda?, y ¿qué ley hemos de aplicar?

La Profesora Titular Interina en Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, ha realizado una serie de tres artículos encaminados a solucionar todas estas dudas. Aquí os presentamos el primero de ellos, en el que nos expone cuál es la jurisdicción competente para la contratación electrónica y las reglas generales de aplicación, la importancia del domicilio del demandante como factor determinante y explica qué se entiende por establecimiento en los procesos de contratación electrónica.

Jurisdicción competente en la contratación electrónica 

La estructura descentralizada y global de Internet y su operativa deslocalizada han incorporado a la contratación electrónica un elemento transnacional que afecta a dos cuestiones esenciales en toda transacción: la legislación aplicable y la jurisdicción competente en caso de conflicto. El reparto de competencias legislativas y jurisdiccionales entre los Estados en relación con las transacciones internacionales se basaba tradicionalmente en el empleo de factores de conexión generalmente de naturaleza territorial (lugar en el que está sito el inmueble, residencia habitual, establecimiento principal, lugar de la carga de la mercancía). Las características de Internet como un nuevo espacio dificultan, en ocasiones, la aplicación de estos criterios, podrían hacerlos inoperantes o conducir a resultados sorprendentes o totalmente ajenos a las partes contratantes y los demás elementos y circunstancias del caso. 

Por todo ello, la previsión de cuál será la ley aplicable al contrato y el juez competente para resolver, en su caso, los eventuales conflictos que puedan surgir entre las partes se convierte en una cuestión esencial para dotar de seguridad y confianza a la contratación electrónica, reducir costes de transacción y asegurar una adecuada economía interna del contrato.

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